Crear un fondo especial para atención médica, psicológica y jurídica a víctimas del delito: Carolina Viggiano

Es indispensable que el ejecutivo federal asigne recursos extraordinarios a fin de crear un fondo de emergencia para la atención de víctimas del delito que permita la atención médica, psicológica, jurídica y social, así como la reparación del daño causado. Lo anterior forma parte de un punto de acuerdo que la Cámara de Diputados envió al ejecutivo federal y que fue impulsado por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), para la creación de dicho fondo. En el documento se precisa que uno de los grandes pendientes constituye la atención de las víctimas, quienes tienen derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, ante el nivel crítico de inseguridad y violencia.
La mitigación del daño de las víctimas del delito es una obligación que debe ser asumida con corresponsabilidad por el Estado y constituye un elemento urgente para los ciudadanos. Viggiano Austria menciona que es relevante la situación de los niños víctimas de la violencia. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, de 2006 a la fecha 900 niños han muerto en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Aunado a ello, no hay un cálculo certero de cuántos niños han quedado en la orfandad a consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, algunos especialistas calculan que alrededor de 45 mil están en esta circunstancia por la violencia que se vive en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad de 2010 y el Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia hay una tendencia de aumento de víctimas del delito en los últimos 10 años.
En la propuesta de la diputada se refiere que entre 1991 y 2000 el número de denuncias recibidas en las procuradurías de justicia estatales por cada 100 mil habitantes aumentó 44 por ciento; ello, sin considerar los miles de delitos que no son denunciados. Se puntualiza que si bien la situación de inseguridad y la violencia han sido ampliamente difundidas, no ha sido así con la secuela de daños psicológicos, físicos, sociales y familiares que las víctimas sufren a consecuencia de un acto violento o delictivo.
Las víctimas del delito requieren atención especializada y basada en el principio de que deben ser tratadas sin discriminación, con total respeto de su dignidad y sus derechos humanos, considerando el tipo de daños sufridos y evitar así que sean sometidas a una situación que las revictimice, finaliza el documento. El acuerdo fue aprobado por el Pleno el 29 de abril y publicado en la Gaceta Parlamentaria el 3 de mayo.

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